Puebla avanza en reforma para homologar Fiscalía estatal
Una vez que se consolide el Poder Judicial de la Federación (PJF), se implementará una reforma encaminada a homologar

Una vez que se consolide el Poder Judicial de la Federación (PJF), se implementará una reforma encaminada a homologar el trabajo de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla con la visión y lineamientos de la Fiscalía General de la República (FGR). Así lo informó el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, en una entrevista reciente con medios de comunicación.
Según el gobernador Armenta, la primera etapa de este proceso implica la renovación del administrador de justicia, un paso clave para lograr la armonización de criterios y procedimientos entre las instituciones.
“Después entraremos en la etapa que corresponde a las fiscalías, es un tema que tiene que ir totalmente homologado,” declaró.
Esta reforma busca que tanto el Poder Judicial como las fiscalías trabajen de manera coordinada y bajo una misma visión estratégica, asegurando eficiencia y resultados en la impartición de justicia.
El gobernador enfatizó que las fiscalías en Puebla están trabajando de forma permanente en coordinación con el Poder Judicial y el gobierno federal. Esta colaboración busca consolidar un sistema de justicia que responda a las necesidades de la ciudadanía y a los estándares nacionales.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ha expresado una postura alineada con este proceso de homologación. Sin embargo, aclaró que, por el momento, no cuenta con una iniciativa legislativa formal para la reforma, salvo que se considere estrictamente necesaria.
Un aspecto importante de la reforma es la posibilidad de que tanto el titular del Ejecutivo federal como los gobernadores tengan la facultad de elegir directamente a los responsables de las instituciones encargadas de la impartición de justicia.
Actualmente, el nombramiento del titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla se realiza mediante una terna propuesta por el gobernador, la cual es enviada al Congreso del Estado para su análisis y aprobación por parte de los legisladores.