Violencia y abandono institucional: menor indígena denuncia, pero Fiscalía la deja esperando

La detención de Eduardo N., de 32 años, en Huauchinango, acusado de violación equiparada en agravio de una menor indígena de 12 años, representa un avance judicial, pero también revela un vacío estructural que sigue dejando en vulnerabilidad a niñas y adolescentes de comunidades originarias. La Fiscalía General del Estado informó que el aseguramiento ocurrió este viernes, luego de que se obtuviera la orden de aprehensión con apoyo de personal médico, psicológico y un traductor de Pahuatlán, pieza clave para integrar correctamente el testimonio de la víctima.

Sin embargo, la ruta hacia la justicia no fue inmediata. De acuerdo con colectivos de Xicotepec y Huauchinango, la menor y su familia viajaron más de dos horas para presentar la denuncia el 26 de noviembre, pero no fueron atendidos ante la falta de un intérprete certificado de náhuatl. La denuncia no pudo avanzar en su primer intento, evidenciando cómo un vacío administrativo puede retrasar la protección y la justicia para las víctimas, especialmente cuando provienen de comunidades indígenas.

Los hechos habrían ocurrido cuando la niña trabajaba en la panadería propiedad del presunto agresor, en la comunidad de Atla. Según las investigaciones, Eduardo habría cometido el ataque bajo amenazas, aprovechándose de su posición de autoridad laboral y de la vulnerabilidad de la menor.

Tras difundirse el caso, el Gobierno del Estado informó que, por instrucción del gobernador Alejandro Armenta, la Secretaría de las Mujeres dio seguimiento al proceso; sin embargo, este acompañamiento llegó después, no como medida preventiva ni inmediata.

La detención es un paso, pero no la solución de fondo. El caso expone que la justicia para niñas indígenas continúa dependiendo de factores externos —traductores disponibles, voluntad institucional, presión colectiva— y no de un sistema preparado para responder de manera digna, rápida y humana. Si este hecho no impulsa reformas reales, solo será otro expediente que confirma lo evidente: la justicia en Puebla no es igual para todas.