Explosión en Coahuayana exhibe vacío de seguridad: FGR indaga delincuencia organizada

La explosión ocurrida el pasado 6 de diciembre en Coahuayana, Michoacán, continúa revelando el nivel de vulnerabilidad con el que operan las corporaciones comunitarias y la falta de control estatal en zonas azotadas por el crimen. La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una investigación por delincuencia organizada luego de confirmar que seis personas murieron y al menos doce más resultaron lesionadas por la detonación de un vehículo cargado con explosivos.

La indagatoria quedó a cargo de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), que trabaja en coordinación con el Gabinete de Seguridad federal. Para ello, fueron desplegados 15 peritos del Centro Federal Pericial Forense y 11 policías ministeriales de la Agencia de Investigación Criminal, quienes realizan trabajos en criminalística de campo, fotografía, genética, lofoscopía, telecomunicaciones, incendios, explosivos, balística e ingeniería, además del análisis de tránsito terrestre.

La magnitud del ataque fue tal que la onda expansiva alcanzó alrededor de 300 metros lineales y 50 metros verticales, causando daños en al menos diez viviendas y afectando una docena de vehículos estacionados. Entre las víctimas mortales se encuentran cuatro integrantes de la Policía Comunitaria de Coahuayana; un quinto falleció el domingo en un hospital de Morelia.

El ataque se registró cerca de la base de dicha corporación, encabezada por Héctor Zepeda Navarrete, conocido como “El Comandante Teto”, figura surgida de los grupos de autodefensa creados en 2014. La presencia simultánea de Guardia Civil, Guardia Nacional, Ejército y Marina en el municipio evidencia que, pese al despliegue institucional, los grupos criminales mantienen capacidad operativa para ejecutar atentados de alto impacto sin ser detectados.

La explosión no solo dejó víctimas: exhibió un vacío de seguridad que las autoridades llevan años sin resolver y que hoy vuelve a cobrar vidas.