Acusan al edil de Tepexi de Rodríguez de invadir predios privados para obra municipal

Vecinos del Barrio de San Miguel, en Tepexi de Rodríguez, denunciaron que el ayuntamiento ingresó maquinaria pesada a predios de propiedad privada sin consentimiento ni notificación previa, presuntamente para realizar una obra municipal. El hecho ha generado inconformidad y cuestionamientos sobre la manera en que la administración local está ejecutando proyectos públicos y gestionando el respeto a la propiedad.

De acuerdo con los testimonios, trabajadores del municipio derribaron cercas, retiraron árboles y comenzaron movimientos de tierra sin presentar permisos de obra, dictámenes de impacto ni la documentación que acreditara que el gobierno tenía autorización legal para intervenir. Para los vecinos, esta acción representa una invasión directa a su patrimonio, además de un acto de abuso de poder.

El conflicto revela una problemática recurrente en algunos gobiernos locales: la ejecución de obras sin transparencia, sin socialización previa y sin respetar el marco jurídico que regula la propiedad privada y el uso del suelo. Aunque el alcalde argumenta que se trata de trabajos de beneficio comunitario, los habitantes subrayan que ningún proyecto justifica la vulneración de derechos fundamentales ni la actuación por encima de la ley.

La falta de comunicación previa y la ausencia de documentos oficiales alimentan la percepción de opacidad en la administración. Vecinos exigieron pruebas de que la obra cuenta con aval técnico y legal, así como la intervención de autoridades estatales para verificar si existió violación al derecho de propiedad y daño ambiental, debido al derribo de vegetación.

Este caso expone la tensión entre el poder municipal y las garantías individuales de los habitantes. Si se confirma que la obra fue iniciada sin permisos, el ayuntamiento podría enfrentar responsabilidades administrativas e incluso legales. Para la población afectada, el mensaje es claro: la autoridad debe construir, no imponer; respetar, no avasallar; y garantizar que ningún proyecto público pase por encima del patrimonio de las familias.