Un golpe necesario, pero insuficiente: desmantelan campamento criminal en la frontera de Colima y Michoacán

El anuncio del desmantelamiento de un campamento criminal en la zona limítrofe de Colima con Michoacán representa un avance relevante en materia de seguridad; sin embargo, también vuelve a exhibir la profundidad del problema en regiones donde el crimen organizado ha logrado asentarse con relativa estabilidad.

Este lunes, autoridades federales informaron la detención de seis personas, quienes fueron puestas a disposición de las autoridades ministeriales. De manera paralela, se abrió una línea de investigación para determinar si el campamento y los detenidos están vinculados con la camioneta que explotó el pasado 6 de diciembre en el municipio de Coahuayana, un hecho que encendió alertas por el nivel de violencia y capacidad operativa de los grupos criminales en la región.

El campamento fue localizado en la comunidad de Chamila, perteneciente al municipio de Ixtlahuacán, como parte de un operativo derivado de la Estrategia Nacional de Seguridad, específicamente del Plan Michoacán, implementado tras el asesinato de Carlos Manzo el pasado 1 de noviembre. La ubicación del enclave confirma que las zonas rurales y de difícil acceso siguen siendo espacios estratégicos para la operación del crimen.

De acuerdo con el gobierno de Colima, el operativo fue encabezado por elementos de la V Región Militar y la 20ª Zona Militar, con apoyo de corporaciones estatales de Seguridad y Justicia, así como de la Guardia Nacional. La coordinación interinstitucional permitió ubicar y desmantelar el sitio sin que se reportaran enfrentamientos.

No obstante, el hallazgo deja preguntas abiertas. ¿Cuánto tiempo llevaba operando este campamento sin ser detectado? y ¿cuántos más podrían existir en la franja Colima-Michoacán? Si bien las detenciones son un paso importante, la experiencia muestra que desmantelar campamentos no garantiza la desarticulación de las estructuras criminales, que suelen replegarse y reorganizarse rápidamente.

El reto, más allá del operativo, será mantener presencia permanente, inteligencia territorial y seguimiento judicial efectivo, para evitar que estos golpes se queden solo en acciones reactivas y no en una contención real del poder criminal en la región.