Negativa judicial a detenciones en caso Rocha Cantú exhibe fallas en investigación de la FGR

La decisión de un juez federal de negar la orden de aprehensión contra cuatro presuntos cómplices de Raúl Rocha Cantú, copropietario de la marca Miss Universo, vuelve a evidenciar debilidades en la integración de carpetas de investigación por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), incluso en casos considerados de alto impacto nacional.

Este martes, el juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, Rodrigo Rosales Salazar, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Querétaro, resolvió no conceder la orden de aprehensión solicitada por la FGR, al considerar que los datos de prueba presentados fueron insuficientes y no justificaban legalmente la privación de la libertad.

Los beneficiados con esta resolución fueron Paul Manrique Miranda o Manríquez, alias “Paul” o “el Comandante”; Diego Adrián Mendoza Pérez; Jorge Alberto Gallegos Díaz, alias “Gallegos”; y *Jeny Guzmán Cintora o Cintura. De acuerdo con información publicada por El Universal, los cuatro forman parte de un grupo de 13 personas señaladas por la FGR como integrantes de una red criminal dedicada al huachicol y al tráfico de armas.

El caso resulta especialmente delicado porque dos de los implicados fueron funcionarios de la propia FGR, lo que refuerza la percepción de infiltración criminal en instituciones encargadas de combatir estos delitos. La Fiscalía los acusó formalmente; sin embargo, no logró sustentar ante el juez los elementos mínimos necesarios para autorizar su detención.

Según los documentos judiciales citados por El Universal, la resolución no absuelve a los señalados, pero sí debilita de manera significativa el avance de la investigación, al exhibir fallas técnicas y argumentativas en la actuación ministerial.

Este revés judicial no solo frena momentáneamente el proceso penal, sino que cuestiona la capacidad de la FGR para sostener casos complejos, en un contexto donde el combate al huachicol y a las redes criminales sigue siendo una prioridad declarada del Estado mexicano. Sin expedientes sólidos, las investigaciones corren el riesgo de convertirse en símbolos de impunidad, más que en ejemplos de justicia efectiva.