Asalto en Tecalzingo exhibe fallas oficiales y crisis de seguridad local

La noche del domingo 4 de enero y la madrugada del lunes 5, sujetos armados con armas de fuego de grueso calibre asaltaron la gasolinera de Tecalzingo, ubicada sobre la carretera federal Puebla-Tehuacán. El hecho, lejos de ser un incidente aislado, vuelve a poner en evidencia la fragilidad de la seguridad pública en la región y la falta de respuestas claras por parte de las autoridades municipales.

De acuerdo con los primeros reportes, los delincuentes llegaron a bordo de vehículos particulares, amagaron y sometieron a los empleados, y los despojaron del dinero en efectivo correspondiente a las ventas del día. La operación se realizó con rapidez y sin que se registrara una intervención inmediata de las corporaciones de seguridad, lo que permitió a los responsables huir sin ser detenidos.

A la gravedad del asalto se suma la controversia generada por la postura del presidente municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, Martín Camargo Peña, quien a través de redes sociales negó que el hecho hubiera ocurrido en su demarcación, atribuyéndolo al municipio vecino de Yehualtepec. Sin embargo, fuentes extraoficiales confirmaron que el atraco sí se registró en Tecalzingo, comunidad perteneciente a Tlacotepec, lo que abrió cuestionamientos sobre la transparencia y responsabilidad de la autoridad local ante hechos delictivos de alto impacto.

Esta contradicción no es menor. Minimizar o deslindarse públicamente de un delito de esta magnitud abona a la desconfianza ciudadana y refuerza la percepción de que la inseguridad se enfrenta más desde el discurso que desde acciones concretas. Para los trabajadores y habitantes de la zona, el mensaje es claro: están expuestos y, además, enfrentan un vacío institucional.

El asalto en Tecalzingo debería ser un punto de inflexión. Más allá de disputas administrativas sobre jurisdicción, la prioridad debe ser garantizar seguridad, esclarecer los hechos y detener a los responsables. Mientras eso no ocurra, la carretera Puebla-Tehuacán y sus comunidades seguirán siendo escenario de violencia e impunidad.