Azumiatla inicia 2026 con feminicidio y omisiones que exigen justicia urgente

El hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer de aproximadamente 20 años de edad en la junta auxiliar de San Andrés Azumiatla, al sur de la ciudad de Puebla, encendió nuevamente las alertas sobre la violencia contra las mujeres y marcó de manera trágica el inicio de 2026. El cadáver fue localizado en un camino de terracería y presentaba golpes, así como diversos indicios de agresión sexual, por lo que el caso es investigado bajo el protocolo de feminicidio.

De acuerdo con los primeros reportes, el hallazgo ocurrió entre la noche del 5 y la madrugada del 6 de enero, cuando habitantes de la zona se percataron de la presencia del cuerpo y dieron aviso al número de emergencias 911. Al sitio acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y paramédicos, quienes confirmaron que la mujer ya no contaba con signos vitales, por lo que se procedió al acordonamiento del área para preservar posibles indicios.

De manera extraoficial, se informó que la víctima presentaba múltiples golpes, además de señales que apuntan a una posible agresión sexual previa a su muerte. Posteriormente, peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla arribaron a San Andrés Azumiatla para realizar las diligencias correspondientes, así como el levantamiento del cuerpo.

El cadáver fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia de ley con el objetivo de determinar con precisión las causas de la muerte y fortalecer las líneas de investigación. Hasta el momento, la mujer permanece en calidad de desconocida y no se ha informado sobre personas detenidas por estos hechos.

Este caso podría convertirse en el primer feminicidio registrado en Puebla en 2026, lo que ha generado preocupación entre colectivos feministas y organizaciones civiles, que exigen una investigación pronta, transparente y con perspectiva de género. Más allá de la cifra, el crimen ocurrido en Azumiatla vuelve a evidenciar la urgencia de reforzar la prevención, la seguridad en zonas periféricas y el acceso a la justicia para las víctimas de violencia.