Puebla cerró 2025 en lugar 12 nacional en homicidios dolosos, reporta SESNSP
El estado de Puebla cerró el año 2025 con un promedio de 2.4 homicidios dolosos diarios, de acuerdo
El estado de Puebla cerró el año 2025 con un promedio de 2.4 homicidios dolosos diarios, de acuerdo con cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). La información fue dada a conocer por la titular del organismo, Marcela Figueroa Franco, durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum.
Según el informe presentado, durante todo el año pasado se registraron en Puebla 898 homicidios dolosos, cifra que representó 3.8 por ciento del total nacional de este delito. Con estos datos, la entidad se ubicó en el lugar 12 a nivel nacional, posicionándose dentro del grupo de estados con mayor número absoluto de víctimas, aunque por debajo de entidades con históricamente mayor incidencia.
El reporte del SESNSP se construye a partir de las carpetas de investigación iniciadas por las fiscalías estatales, por lo que las cifras corresponden a registros oficiales y homologados. En este contexto, Puebla mantiene una incidencia relevante en el panorama nacional, particularmente por la concentración de casos en determinadas regiones del estado.
De manera específica, Marcela Figueroa Franco señaló que solo en diciembre de 2025 se contabilizaron 73 homicidios dolosos en Puebla, lo que refleja la persistencia de este delito hacia el cierre del año. Este comportamiento mensual confirma que, aunque existen variaciones a lo largo del año, la violencia homicida continúa siendo un desafío para la entidad.
Especialistas en seguridad subrayan que el homicidio doloso es uno de los principales indicadores para medir el impacto de la violencia, debido a su gravedad y a su efecto directo en la percepción ciudadana. Además, la distribución desigual de los casos entre municipios sigue representando un reto para las estrategias de prevención y contención.
La posición de Puebla en el lugar 12 nacional refuerza la necesidad de dar seguimiento puntual a las cifras oficiales y evaluar de manera constante las políticas públicas en materia de seguridad, particularmente en zonas con mayor incidencia delictiva.




