Sheinbaum afirma que víctimas no requieren bufetes; persisten señalamientos sobre Tren Interoceánico

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que no es necesario que las víctimas recurran a bufetes privados de abogados para acceder a la justicia o a la reparación del daño, ya que existen mecanismos institucionales que garantizan este derecho sin intermediarios. La declaración se dio en el contexto de las investigaciones federales por el accidente del Tren Interoceánico, un proyecto estratégico del Gobierno federal.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que la Fiscalía General de la República (FGR) inició una investigación de oficio, por lo que no es indispensable presentar denuncias adicionales ni contratar despachos jurídicos para que el caso avance. Señaló que las víctimas tienen derecho a asesoría legal privada si así lo deciden, pero advirtió que algunos bufetes suelen ofrecer representación a cambio de porcentajes de las indemnizaciones, lo que puede afectar directamente a los afectados.

No obstante, pese a que el Gobierno federal ha reiterado que las condiciones del Tren Interoceánico son óptimas, víctimas y usuarios han denunciado anomalías en el servicio, las instalaciones y la infraestructura. A ello se suman informes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que revelaron irregularidades administrativas y documentos faltantes de contratistas involucrados en la construcción y mantenimiento del proyecto ferroviario.

El pasado 29 de diciembre, el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales, afirmó que las vías del Tren Interoceánico se encontraban en buen estado y que cualquier desperfecto estaría relacionado con factores externos. Sin embargo, tras el incidente, al menos tres líneas del sistema ferroviario permanecen cerradas, lo que ha generado cuestionamientos sobre las condiciones reales de operación y supervisión.

Sheinbaum indicó que el Gobierno federal trabaja con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) para garantizar una reparación integral del daño, al tiempo que solicitó a la FGR acelerar los peritajes y esclarecer responsabilidades. El caso ha reabierto el debate sobre la seguridad, la transparencia y la rendición de cuentas en proyectos de infraestructura considerados prioritarios para el país.