Caso Manzo: detención tardía expone redes de poder e impunidad en Uruapan

La detención de Yesenia “N”, secretaria particular del exalcalde de Uruapan Carlos Manzo, asesinado el 1 de noviembre de 2025, vuelve a poner bajo escrutinio la forma en que se investigan los crímenes políticos en México. La captura, realizada más de un año después del homicidio, no solo representa un avance en el caso, sino que también evidencia la lentitud y las omisiones que han marcado la investigación.

Yesenia “N” fue detenida la tarde del jueves 8 de enero, alrededor de las 16:00 horas, en un operativo desplegado por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en Michoacán. De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, la aprehensión ocurrió a las afueras de la Casa de la Cultura de Uruapan, donde también fue asegurado un hombre cuya identidad no ha sido revelada.

Un elemento que agrava el caso es que la detenida no solo fue colaboradora cercana de Carlos Manzo, sino que mantuvo el mismo cargo durante la actual administración municipal encabezada por Grecia Quiroz, viuda del exedil. Esta continuidad administrativa plantea serios cuestionamientos sobre los filtros institucionales, los controles internos y el posible encubrimiento dentro del gobierno local.

La detención se dio luego de que el titular de la SSPC federal, Omar García Harfuch, informara sobre nuevos avances en la investigación del asesinato, lo que sugiere una intervención más decidida de instancias federales ante la falta de resultados contundentes a nivel local.

Más allá del impacto mediático, el caso Manzo refleja una problemática estructural: las investigaciones por asesinatos de funcionarios públicos suelen avanzar solo bajo presión política o intervención federal. La sociedad exige que este proceso no se limite a detenciones aisladas, sino que derive en una investigación profunda que esclarezca responsabilidades y rompa con la impunidad que rodea los crímenes de poder.