Huehuetla cierra relleno sanitario; pobladores exigen remediación ambiental

Luego de días de protesta y resistencia comunitaria, habitantes de la comunidad totonaca de San Juan Ozelonacaxtla, en el municipio de Huehuetla, levantaron el plantón instalado en el relleno sanitario intermunicipal, tras lograr que autoridades estatales y municipales aceptaran su cierre definitivo. El acuerdo representa un triunfo social, pero también exhibe la tardía respuesta institucional frente a un problema ambiental prolongado.

La decisión se formalizó durante una asamblea comunitaria, encabezada por la presidenta municipal Georgina Paulino Díaz y el representante de Gobernación en la microregión 5 de Zacapoaxtla, Hebert Vaquero. En ese encuentro, las autoridades se comprometieron a impedir de manera definitiva el ingreso de camiones recolectores de basura al sitio, una de las principales exigencias de los pobladores.

Asimismo, se informó que la próxima semana autoridades acudirán a la comunidad para explicar la implementación de un plan de remediación ambiental, ante los daños acumulados por años de operación del relleno. Habitantes han denunciado contaminación del suelo, posibles afectaciones a cuerpos de agua y riesgos a la salud, sin que durante mucho tiempo existiera atención efectiva por parte de las instancias responsables.

No obstante, los pobladores dejaron claro que el cierre del relleno no es suficiente. Exigieron que la Profepa entregue a la comunidad la documentación completa relacionada con las acciones de remediación ambiental y solicitaron que se construya un plan integral de manejo de residuos, que permita transformar el modelo actual y evitar que el problema simplemente se traslade a otro municipio.

El caso de Huehuetla evidencia cómo proyectos de alto impacto ambiental pueden operar durante años sin una supervisión adecuada, especialmente en territorios indígenas. Aunque el cierre definitivo del relleno sanitario marca un avance significativo, la exigencia social ahora se centra en la restauración del entorno y en una política de residuos que priorice la sustentabilidad y la participación comunitaria.

La decisión llega tarde, pero deja una lección clara: sin vigilancia, planeación y diálogo real, los costos ambientales terminan recayendo en las comunidades.