Periodista asesinado en Veracruz: entre la violencia y la protección burocrática

El asesinato de Carlos Castro, periodista de nota roja en Poza Rica, Veracruz, vuelve a colocar en el centro del debate la eficacia real de los mecanismos de protección para periodistas en México. Tras el crimen, la Secretaría de Gobernación reconoció el homicidio y lamentó los hechos, pero centró su explicación en que el comunicador “abandonó” las medidas de protección que previamente se le habían otorgado, una postura que ha generado cuestionamientos sobre la responsabilidad institucional.

Durante la conferencia matutina de este viernes, la titular de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que Carlos Castro contó con medidas estatales de protección en 2024, otorgadas por el gobierno de Guanajuato. No obstante, dichas acciones fueron consideradas sin efecto cuando el periodista se trasladó a otra entidad federativa y no volvió a solicitarlas al regresar. En términos administrativos, el caso quedó cerrado; en términos de seguridad, el riesgo persistió.

La explicación oficial deja ver una falla estructural del sistema: la protección depende de trámites, avisos y reactivaciones formales, como si la amenaza desapareciera automáticamente cuando el periodista cambia de residencia o deja de solicitar apoyo. En un país donde el ejercicio periodístico, especialmente en la nota roja, implica riesgos constantes, esta lógica resulta insuficiente y peligrosa.

Veracruz no es un territorio ajeno a la violencia contra la prensa. Por el contrario, es una de las entidades con mayor número de agresiones y asesinatos de periodistas en las últimas décadas. En ese contexto, la ausencia de medidas vigentes no puede reducirse a una responsabilidad individual, sino a una falta de seguimiento, evaluación continua del riesgo y coordinación entre estados.

Aunque Gobernación aseguró que las investigaciones están en curso y que dará seguimiento al caso, la reacción vuelve a ser posterior al daño. El asesinato de Carlos Castro evidencia que, más allá de protocolos y registros, el Estado sigue sin garantizar condiciones mínimas de seguridad para quienes informan. Mientras la protección dependa del papeleo y no de la realidad del riesgo, la violencia contra periodistas seguirá cobrándose vidas.