Investigan despachos en Tehuacán por presunto vínculo con cartel del despojo
Autoridades estatales confirmaron la existencia de un presunto esquema de despojo de inmuebles en la región de Tehuacán, donde
Autoridades estatales confirmaron la existencia de un presunto esquema de despojo de inmuebles en la región de Tehuacán, donde al menos dos despachos de abogados están bajo investigación por su posible vínculo con el llamado “cártel del despojo”.
Durante una visita al municipio, el gobernador Alejandro Armenta Mier señaló que actualmente se tienen identificados dos despachos relacionados con este tipo de prácticas. Asimismo, indicó que hasta el momento se han registrado al menos dos casos en los que personas habrían sido despojadas de sus propiedades mediante mecanismos presuntamente irregulares.
El mandatario estatal subrayó la importancia de que las víctimas presenten denuncias formales para avanzar en las investigaciones; sin embargo, esta postura ha generado cuestionamientos, ya que especialistas advierten que este tipo de delitos suele involucrar estructuras complejas que van más allá de denuncias individuales.
De acuerdo con las indagatorias, el denominado “cártel del despojo” operaría mediante la utilización de recursos legales para dar apariencia de legitimidad a la transferencia de bienes, afectando principalmente a propietarios en condiciones vulnerables o con inmuebles desocupados. Este esquema incluiría la elaboración de documentos irregulares, simulación de juicios y participación de intermediarios.
Aunque las autoridades han reconocido la existencia del problema, hasta ahora no se han reportado detenciones, lo que ha generado preocupación sobre la efectividad de las acciones institucionales frente a este tipo de redes.
El caso pone en evidencia posibles fallas en los mecanismos de control dentro de procesos legales y notariales, así como la necesidad de fortalecer la supervisión en el manejo de la propiedad privada.
Mientras tanto, las investigaciones continúan abiertas y las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier irregularidad, en medio de un contexto donde el impacto patrimonial para las víctimas puede ser significativo.


