Hallan muerto a sacerdote en Edomex; caso evidencia violencia e impunidad

• Lo asesinaron en una reunión, donde consumieron bebidas alcohólicas y estupefacientes.

El hallazgo del cuerpo del sacerdote Ernesto Baltazar Hernández Vilchis, de 43 años, en un canal de aguas negras en Nextlalpan, Estado de México, expone la fragilidad de la seguridad pública y la vulnerabilidad de quienes desempeñan roles de liderazgo comunitario. Reportado como desaparecido el 27 de octubre, su muerte no solo conmociona a la Diócesis de Cuautitlán, sino que deja al descubierto fallas en los protocolos de protección y búsqueda de personas.

Según la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), dos personas, un hombre y una mujer, fueron detenidas por su presunta participación en los hechos. La investigación apunta a que la víctima acudió voluntariamente a un domicilio en Tultitlán, donde consumió alcohol y drogas con los agresores, hasta que fue atacado con un objeto punzocortante y posteriormente trasladado en bolsas a un canal.

Más allá de la brutalidad del crimen, el caso evidencia debilidades institucionales: ¿cómo fue posible que un sacerdote, figura pública y reconocida en la comunidad, desapareciera sin que los mecanismos de búsqueda actuaran de forma inmediata? El hecho de que su vehículo fuera rastreado y el hallazgo tardío del cuerpo señalan fallas graves en coordinación entre autoridades locales y estatales.

Este episodio refleja también un patrón preocupante en México: violencia que se cruza con negligencia institucional. La detención de los presuntos responsables es apenas un primer paso; la justicia completa requiere esclarecer la red de responsabilidades, posibles encubrimientos y factores que permitieron que un ciudadano dedicado al servicio de la comunidad fuera asesinado con tal impunidad.

Mientras tanto, la sociedad queda confrontada con la realidad de que ni la fe ni la visibilidad social son garantía de protección. La memoria del padre Baltazar exige no solo castigo para los autores materiales, sino también una revisión profunda de los protocolos de seguridad y justicia en el país.