Asesinan a exsecretario de Gómez Palacio: alerta por violencia a funcionarios

• El agresor disparó en repetidas ocasiones contra José Ángel Mascorro Muñoz y después escapó.

La tarde de este lunes, José Ángel Mascorro Muñoz, exsecretario del Ayuntamiento de Gómez Palacio, Durango, fue asesinado a balazos frente a su domicilio en la colonia Parque Hundido. La Fiscalía estatal confirmó que al menos diez disparos calibre .380 impactaron al exfuncionario, quien falleció de manera inmediata. El ataque, según los reportes, fue directo y ejecutado con precisión, lo que sugiere una planificación previa.

Mascorro Muñoz, de 43 años, contaba con una trayectoria de varios años en el servicio público, incluyendo cargos de subsecretario y, más recientemente, secretario del Ayuntamiento aprobado por el Cabildo en abril de 2025. Su experiencia legal y administrativa lo convertía en una figura clave dentro de la estructura gubernamental local, por lo que su asesinato no solo representa una pérdida humana, sino también institucional.

La Fiscalía abrió de inmediato una carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias del crimen y localizar a los responsables. Sin embargo, este hecho pone en evidencia un problema estructural: la violencia dirigida hacia funcionarios, incluso aquellos que ya no ocupan un cargo activo, refleja las deficiencias en la protección de servidores públicos y la persistente impunidad en casos de agresiones políticas o vinculadas al crimen organizado.

Vecinos y testigos relataron que escucharon disparos y presenciaron la llegada de los servicios de emergencia, que nada pudieron hacer para salvar la vida de Mascorro. Este homicidio se suma a una serie de ataques a figuras públicas en la región, lo que genera un clima de miedo y vulnerabilidad entre quienes participan en la administración local.

El asesinato del exsecretario de Gómez Palacio es un recordatorio urgente de la necesidad de reforzar la seguridad, garantizar justicia efectiva y no normalizar la violencia contra funcionarios públicos. La sociedad exige respuestas claras y que este crimen no quede impune, para proteger tanto a quienes sirven en el gobierno como a la estabilidad institucional de la región.