Vacunas falsas de VPH en Monterrey evidencian negligencia y riesgo sanitario
El médico señalado como responsable, José Perales Dávila, continúa ejerciendo. La reciente denuncia sobre la aplicación de
- El médico señalado como responsable, José Perales Dávila, continúa ejerciendo.
La reciente denuncia sobre la aplicación de vacunas falsas contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) en un consultorio del Hospital OCA en Monterrey ha puesto en evidencia un grave problema de supervisión y responsabilidad en el sistema de salud privado. Al menos cinco personas afirmaron haber recibido dosis apócrifas dentro de un consultorio ginecológico que operaba en un espacio rentado del hospital, lo que abre cuestionamientos sobre cómo se permite operar a terceros dentro de instalaciones médicas sin controles claros.
Madres y pacientes denunciaron que las vacunas fueron presentadas en viales multidosis, algo inusual para la Gardasil 9 original, y que pagaron hasta 5,900 pesos por cada dosis. Aunque el consultorio devolvió parte del dinero, la preocupación principal sigue siendo sanitaria: las vacunas falsas no protegen contra el VPH y podrían contener sustancias nocivas. Esto deja a los pacientes expuestos a infecciones y enfermedades graves, incluyendo distintos tipos de cáncer, que la vacuna debería prevenir.
A pesar de la denuncia ante la Cofepris y la Fiscalía de Nuevo León, el caso parece estancado. El hospital afirma colaborar con las autoridades, pero no ha aclarado si tiene responsabilidad directa sobre el consultorio implicado o si simplemente alquilaba el espacio. Esta ambigüedad refleja un vacío de supervisión que resulta peligroso: los hospitales privados deben garantizar que cualquier servicio dentro de sus instalaciones cumpla con estándares estrictos de seguridad y ética.
El escándalo pone en evidencia un riesgo real para la confianza de la población en la vacunación y en el sistema de salud. No basta con la devolución parcial del dinero; se requieren sanciones claras, auditorías inmediatas y medidas preventivas que impidan que este tipo de negligencia se repita. La salud pública no puede depender de la suerte ni de la buena fe: exige vigilancia, regulación estricta y rendición de cuentas efectiva.




