El poder bajo presión: alcalde de Celaya relata cita con presuntos narcos

La revelación del alcalde de Celaya, Juan Miguel Ramírez Sánchez, no es un anécdota menor: es una advertencia sobre el margen real en el que opera el poder público en México. El edil narró que, días antes de asumir su cargo el 10 de octubre de 2024, fue llevado con engaños a una reunión que inicialmente se presentó como un encuentro con empresarios locales. Su llegada comenzó como una charla informal —un café, un ambiente relajado, nada fuera de lo común—, pero rápidamente se convirtió en una confrontación directa con presuntos criminales.

Según su testimonio, una persona se presentó como representante empresarial y lo citó en un punto de la ciudad. Al llegar, le pidieron subir solo a una camioneta, argumentando falta de espacio para su seguridad. “Me llevaron diciendo que eran empresarios. Cuando llegamos me presentaron con un grupo que supuestamente eran empresarios, pero no lo eran”, declaró. Los hombres, asegura, se identificaron como integrantes del crimen organizado. Él y sus escoltas salieron ilesos.

El alcalde insiste en que jamás pactó: “Mi prioridad es servir al pueblo. No busco combatirlo ni enfrentarlo, pero tampoco dejar que la ciudadanía carezca de protección”. También afirmó que, si la presión escala, enviará a su familia fuera del estado, pero él seguirá gobernando.

Celaya arrastra una crisis profunda. Con 262 agresiones políticas registradas en siete años, el municipio es uno de los epicentros nacionales del riesgo institucional. Por eso, la confesión no solo expone una experiencia personal: desnuda un modelo donde el crimen puede convocar, negociar o intentar someter a un futuro gobierno municipal antes de que tome protesta.

¿Estado de derecho o estado condicionado? Mientras no haya investigaciones, responsables ni protección reforzada, la respuesta parece obvia —y preocupante.