Sentencia de 45 años contra expolicía por feminicidio exhibe la violencia que persiste desde el ámbito institucional

Erick Ramiro N, expolicía y conductor de una plataforma digital, fue sentenciado a 45 años de prisión por el delito de feminicidio cometido en contra de su pareja sentimental, Mayra, hechos ocurridos en marzo de 2024 en la ciudad de Puebla. La resolución fue confirmada por la Fiscalía General del Estado (FGE), luego de que se acreditara plenamente su responsabilidad en el crimen.

De acuerdo con las investigaciones, el 23 de marzo de 2024 el ahora sentenciado sostuvo una discusión con su pareja, la cual escaló a una agresión física que terminó por causarle la muerte. El cuerpo de la víctima fue localizado posteriormente al interior de un inmueble ubicado en las calles Nicolás Bravo e Insurgentes, en la colonia Guadalupe Hidalgo, al sur de la capital poblana.

El caso generó indignación no solo por tratarse de un feminicidio, sino porque el responsable era exintegrante de una corporación policial, lo que subraya la gravedad de la violencia ejercida desde quienes han sido formados para proteger a la ciudadanía. Aunque al momento del crimen ya no se encontraba activo, su perfil evidencia la falta de controles, seguimiento y evaluación sobre elementos de seguridad, incluso después de su salida de las corporaciones.

Si bien la sentencia representa un acto de justicia para la víctima y un precedente en el combate a la impunidad, especialistas y colectivos feministas coinciden en que la respuesta penal no puede ser el único mecanismo de atención. La violencia que deriva en feminicidio suele estar precedida por agresiones que no siempre son detectadas o atendidas oportunamente por las instituciones.

Este caso pone nuevamente sobre la mesa la urgencia de fortalecer las políticas de prevención, la atención integral a víctimas de violencia de género y los mecanismos de vigilancia dentro y fuera de las corporaciones de seguridad. Castigar el feminicidio es indispensable, pero evitar que ocurra sigue siendo una responsabilidad pendiente del Estado.