Javier López Zavala podría ser trasladado al penal federal de máxima seguridad “El Altiplano”
El ex candidato a la gubernatura de Puebla, Javier López Zavala, podría ser trasladado en los próximos días
El ex candidato a la gubernatura de Puebla, Javier López Zavala, podría ser trasladado en los próximos días desde el penal estatal de San Miguel hacia el Centro Federal de Readaptación Social Número 1 “El Altiplano”, informó la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado. Las autoridades señalaron que la solicitud formal ya fue presentada y que ahora depende de la autorización de las instancias federales para determinar si el cambio procede.
El traslado se considera dentro de los protocolos de seguridad y clasificación penitenciaria, dado que “El Altiplano” es uno de los penales de máxima seguridad del país y suele recibir a internos con sentencias prolongadas o de alto perfil, garantizando medidas estrictas de control y supervisión. La decisión responde también a la preocupación por la seguridad dentro del penal estatal, donde presuntamente existen limitaciones para manejar a internos de este perfil.
López Zavala fue condenado junto con otras dos personas, incluido su sobrino, por el feminicidio de la abogada y activista Cecilia Monzón, ocurrido el 21 de mayo de 2022 en San Pedro Cholula. La pena impuesta alcanza hasta 60 años de prisión, según el fallo del juicio oral. La familia de la víctima ha solicitado el traslado para asegurar que se cumpla la sentencia bajo condiciones de máxima seguridad y se minimicen posibles riesgos para el correcto desarrollo del proceso penitenciario.
Hasta el momento, no se ha confirmado la fecha exacta del traslado, pero autoridades estatales estiman que podría concretarse en aproximadamente una semana, dependiendo de la evaluación de las instancias federales y de los protocolos de coordinación entre los gobiernos estatal y federal. La SSP reiteró que cualquier determinación será notificada de manera oficial una vez concluido el análisis y los procedimientos correspondientes.
El caso ha atraído la atención mediática y social, dado el perfil político del interno y la gravedad del delito, y evidencia los mecanismos que existen para la protección y clasificación de internos de alto riesgo en el sistema penitenciario mexicano.




