Destitución del rector de la UACAM desata crisis y denuncias de injerencia política

La destitución de José Alberto Abud Flores como rector de la Universidad Autónoma de Campeche (UACAM), luego de su detención por posesión simple de drogas, ha escalado de un hecho judicial a una crisis institucional marcada por señalamientos de injerencia política, falta de transparencia y un ambiente de confrontación que golpea directamente la credibilidad de la universidad.

La remoción del rector se concretó la mañana de este martes, mientras Abud Flores permanece detenido. Sin embargo, el caso dio un giro político cuando el titular del Órgano Interno de Control de la UACAM, José Guadalupe Celis Pérez, declaró en entrevista para Radio Fórmula que la detención del exrector habría sido un montaje orquestado por el gobierno estatal, con el objetivo de intervenir en la vida interna de la universidad. Esta acusación eleva la gravedad del caso y abre un debate sobre el respeto a la autonomía universitaria.

De acuerdo con los señalamientos, la detención ocurrió el día anterior y no sólo involucró al entonces rector, sino también a su esposa y a su chofer, lo que fue interpretado por sectores universitarios como un acto desproporcionado. El Consejo General de la Universidad de Campeche calificó la detención como “deplorable e injustificada”, cuestionando tanto el procedimiento como el momento político en el que se llevó a cabo.

Si bien la presunción de inocencia debe prevalecer, la permanencia de un rector bajo investigación penal resulta insostenible desde una perspectiva institucional. No obstante, la rapidez con la que se ejecutó la destitución, aunada a las acusaciones de intervención del Poder Ejecutivo estatal, ha generado dudas sobre si la decisión respondió a criterios estrictamente universitarios o a presiones externas.

Este episodio expone una doble crisis: por un lado, la necesidad de contar con mecanismos éticos y de control más sólidos para quienes encabezan instituciones educativas; por otro, la fragilidad de la autonomía universitaria frente a contextos políticos adversos. La universidad queda atrapada entre la exigencia de legalidad y la sospecha de una posible utilización política del aparato de justicia.

El impacto inmediato se refleja en la comunidad académica, que observa cómo un conflicto de alto nivel compromete la estabilidad institucional y daña la imagen pública de la UACAM. Más allá del desenlace legal del caso, la universidad enfrenta el reto de reconstruir la confianza, garantizar procesos transparentes y defender su autonomía para evitar que hechos similares se conviertan en precedentes peligrosos.