Gobierno de Puebla analiza adquirir 75 por ciento de acciones de Agua Puebla

El Gobierno de Puebla analiza la posibilidad de adquirir el 75 por ciento de las acciones de la empresa Agua de Puebla, concesionaria del servicio de agua potable y saneamiento en la capital del estado y municipios conurbados. La propuesta forma parte de una revisión integral del modelo de concesión y de las alternativas para fortalecer la rectoría pública sobre un recurso estratégico.

Este planteamiento cobró mayor relevancia luego de que, el jueves 11 de diciembre, colectivos defensores del derecho al agua como la Asamblea Social del Agua y la Contraloría Autónoma del Agua en el Estado de Puebla “Joel Arriaga” entregaron un oficio al Gobierno del Estado. En el documento solicitaron formalmente que se analice la adquisición mayoritaria de las acciones de la concesionaria, como vía para recuperar el control público del servicio.

Los colectivos advirtieron que resulta riesgoso que empresas extranjeras, como la filipina Manila Water Company, adquieran las acciones de Agua de Puebla, ya que —aseguran— esto no garantizaría la restitución del carácter público del servicio ni una mejora en la atención a la ciudadanía. Por el contrario, señalaron que podría profundizarse un modelo enfocado en la rentabilidad y no en el derecho humano al agua.

Por su parte, autoridades estatales indicaron que el análisis contempla aspectos legales, financieros y operativos, y que por el momento no existe una decisión definitiva. El objetivo, explicaron, es evaluar si una participación mayoritaria permitiría mayor transparencia, mejor infraestructura y una respuesta más eficiente a las quejas recurrentes por cobros excesivos, cortes de suministro y fugas.

El gobierno reiteró que cualquier acción deberá realizarse dentro del marco legal y sin comprometer de forma irresponsable los recursos públicos. Asimismo, se comprometió a mantener un diálogo abierto con los distintos sectores sociales involucrados.

El debate sobre el futuro de Agua de Puebla vuelve a poner en el centro la discusión sobre la gestión pública del agua, la participación privada en servicios básicos y el papel del Estado ante la creciente presión hídrica en la zona metropolitana.