Urgen reforzar filtros del INE tras casos de alcaldes ligados al narco

Las críticas a los filtros y mecanismos de verificación de antecedentes que aplica el Instituto Nacional Electoral (INE) para los aspirantes a cargos de elección popular se intensificaron tras la detención del presidente municipal de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro, emanado de Morena, por presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El caso reavivó el debate nacional sobre la eficacia de los procesos de revisión de candidaturas y la posible infiltración del crimen organizado en gobiernos municipales, uno de los niveles de poder más vulnerables. Diversos actores políticos coincidieron en que los controles actuales resultan insuficientes para detectar perfiles de riesgo antes de que lleguen a ocupar cargos públicos.

En este contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llamó este lunes a reforzar la coordinación del INE con otras dependencias federales y estatales, a fin de mejorar la verificación de antecedentes de quienes buscan formar parte de los gobiernos. La mandataria subrayó que un trabajo conjunto permitiría cerrar el paso a personas con nexos criminales y fortalecer la integridad de las instituciones democráticas.

Sheinbaum recordó que desde el inicio de su administración, hace 15 meses, se ha registrado la detención de al menos 61 funcionarios municipales por diversos delitos, una parte significativa de ellos pertenecientes o vinculados a gobiernos emanados de Morena. Dijo que estos hechos obligan a una revisión profunda de los procesos de selección política.

Ante este escenario, el partido Morena también reconoció la necesidad de endurecer sus controles internos y aplicar con mayor firmeza los filtros en la selección de candidaturas, con el objetivo de evitar que se repitan casos en los que presidentes municipales u otros funcionarios resulten relacionados con grupos delictivos.

El debate pone sobre la mesa la urgencia de blindar los procesos electorales, fortalecer la corresponsabilidad entre autoridades electorales y partidos políticos, y garantizar que quienes aspiren a cargos públicos cuenten con perfiles íntegros, alejados de intereses criminales que pongan en riesgo la gobernabilidad y la seguridad del país.