Investigación exhibe presuntos vínculos entre CJNG y agentes de la FGR

• Orden de aprehensión revela presuntos pagos a funcionarios de distintos niveles.

Una investigación sobre la llamada “narconómina” del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) volvió a exhibir el grado de infiltración que el crimen organizado habría logrado dentro de instituciones públicas mexicanas. De acuerdo con documentos judiciales, en los registros financieros del grupo criminal encabezado por Nemesio Oseguera Cervantes aparecen nombres de funcionarios de distintos niveles de gobierno, incluidos agentes de la Fiscalía General de la República (FGR).

Los datos forman parte de la orden de aprehensión emitida contra el capo el 2 de noviembre de 2025, documento que detalla cómo la organización criminal habría destinado recursos para asegurar protección e información dentro de corporaciones encargadas precisamente de combatir al narcotráfico. La revelación resulta especialmente delicada porque sugiere que la propia fiscalía tenía conocimiento desde entonces de la posible participación de algunos de sus agentes en la estructura de corrupción del cártel.

Las anotaciones de la llamada narconómina funcionarían como una especie de contabilidad interna del CJNG, donde se registraban pagos a operadores, logística criminal y presuntos sobornos a funcionarios públicos. Según la investigación, en estos registros aparecen autoridades de nivel municipal, estatal y federal, lo que evidencia el alcance que habría tenido la red de corrupción vinculada con la organización criminal.

El diario El Universal publicó fragmentos de la orden de captura, donde se señala de manera explícita que los miembros del cártel lograron corromper autoridades de distintos niveles, incluso personal de la propia Fiscalía General de la República. La afirmación no solo expone la penetración del crimen organizado en las instituciones, sino que también plantea cuestionamientos sobre la capacidad de las autoridades para depurar sus propias filas.

En el mismo documento se atribuye al CJNG el atentado del 26 de junio de 2020 contra Omar García Harfuch, un ataque armado que casi le cuesta la vida al entonces jefe policial y que marcó uno de los episodios más violentos protagonizados por el grupo criminal en la capital del país.

El expediente también señala que, en caso de ser detenidos, Nemesio Oseguera Cervantes y Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán deberían ser recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social No. 1 Altiplano, una de las cárceles de máxima seguridad del país.

Más allá de las revelaciones, el caso vuelve a poner bajo la lupa la eficacia de las instituciones encargadas de perseguir al crimen organizado. Si las propias investigaciones oficiales reconocen que agentes federales habrían trabajado para uno de los cárteles más poderosos del país, la pregunta inevitable es hasta qué punto el Estado ha sido capaz de contener —o incluso de detectar a tiempo— la infiltración del narcotráfico en sus estructuras.