Capturan a exfuncionaria ligada a desaparición de evidencias del caso Ayotzinapa
Autoridades federales detuvieron a una exfuncionaria de la procuración de justicia del estado de Guerrero, señalada por presuntamente ocultar
Autoridades federales detuvieron a una exfuncionaria de la procuración de justicia del estado de Guerrero, señalada por presuntamente ocultar información relevante en la investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.
La detenida fue identificada como Blanca María del Rocío Estrada Ortega, de 73 años, quien se desempeñó como funcionaria en la extinta Procuraduría General de Justicia del estado. De acuerdo con las investigaciones, la exservidora pública es señalada por su presunta participación en el ocultamiento, pérdida o destrucción de videos captados por cámaras de vigilancia instaladas en el Palacio de Justicia de Iguala.
Estas grabaciones corresponderían a la noche del 26 de septiembre de 2014, fecha en la que se registraron los ataques contra estudiantes normalistas que posteriormente fueron desaparecidos, en un hecho que derivó en el caso conocido como la Desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
La detención fue realizada por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Fiscalía General de la República, quienes ejecutaron una orden de cateo en un domicilio ubicado en la alcaldía Venustiano Carranza.
De acuerdo con los reportes oficiales, el operativo se llevó a cabo la noche del 10 de marzo en Ciudad de México, donde las autoridades lograron ubicar a la exfuncionaria y proceder con su captura.
Durante la intervención también fue detenida Margarita Anguiano Castro, de 83 años, quien se encontraba en el inmueble señalado por las autoridades. Ambas mujeres presentan enfermedades crónico-degenerativas, según el informe pericial elaborado por la Fiscalía.
Tras su detención, Estrada Ortega fue puesta a disposición de un juez federal para definir su situación legal por los delitos relacionados con la alteración o desaparición de pruebas dentro de la investigación del caso Ayotzinapa.
A más de una década de los hechos ocurridos en Iguala, las autoridades federales mantienen abiertas diversas líneas de investigación con el objetivo de esclarecer lo ocurrido aquella noche y determinar responsabilidades entre funcionarios y otros posibles implicados.



