Jubilados de CFE rechazan reforma que reduce pensiones en Puebla
Señalan que reforma al artículo 127 impacta ingresos tras años de trabajo. La protesta de extrabajadores de la
- Señalan que reforma al artículo 127 impacta ingresos tras años de trabajo.
La protesta de extrabajadores de la Comisión Federal de Electricidad en Puebla no es un hecho aislado ni una reacción exagerada: es la respuesta directa a una reforma que, bajo el discurso de la austeridad, amenaza con recortar derechos construidos durante décadas de trabajo.
La mañana de este viernes, un grupo de jubilados se concentró en las oficinas divisionales ubicadas en la colonia Volcanes de la capital poblana. Con pancartas y consignas, manifestaron su rechazo a la modificación del artículo 127 constitucional, aprobada en marzo por el Congreso, al considerar que impactará directamente en el monto de sus pensiones. Para ellos, no se trata de privilegios, sino de ingresos que representan años de servicio, esfuerzo y aportaciones.
El problema de fondo no es únicamente la reforma, sino la forma en que se plantea. La lógica de imponer un tope general a las pensiones parte de una narrativa que asocia el retiro digno con excesos, sin distinguir entre altos mandos y trabajadores que pasaron su vida en labores técnicas o de campo. En ese sentido, la medida corre el riesgo de castigar de manera indiscriminada.
Además, el contexto institucional de la Comisión Federal de Electricidad no es menor. La empresa ha enfrentado presiones financieras, cambios estructurales y decisiones políticas que han impactado tanto a trabajadores activos como jubilados. Ahora, el ajuste parece recaer en quienes ya no tienen margen de negociación.
La protesta, aunque pacífica, revela una inconformidad creciente que podría escalar si no se abren canales reales de diálogo. Porque reducir pensiones no es solo un movimiento contable: es alterar la estabilidad económica de miles de personas en su etapa más vulnerable.
En el fondo, la discusión debería ir más allá del ahorro presupuestal. Se trata de definir si el Estado está dispuesto a honrar los compromisos adquiridos o si, en nombre de la disciplina financiera, está dispuesto a redefinirlos incluso después de que el trabajo ya fue realizado.


