Federación desconocía operativo con agentes de Estados Unidos en Chihuahua

• Participación de agentes de EUA no fue notificada al gobierno federal.

La muerte de agentes estadounidenses y funcionarios mexicanos tras un operativo en Chihuahua abrió un nuevo frente de cuestionamientos sobre la coordinación en materia de seguridad, luego de que el Gobierno federal confirmara que no tenía conocimiento previo de dicha intervención.

De acuerdo con lo informado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el acuerdo mediante el cual dos agentes instructores de la embajada de Estados Unidos en México participaron en el operativo fue establecido a nivel estatal, sin notificación a la federación. Esta revelación no solo expone una falta de coordinación, sino que también pone en duda el respeto a los marcos legales que regulan la presencia de personal extranjero en el país.

“No teníamos conocimiento de que hubiera un trabajo directo entre el estado de Chihuahua y personal de la embajada de los Estados Unidos en México. Estamos pidiendo toda la información al gobierno de Chihuahua y al gobierno de los Estados Unidos”, señaló la mandataria, al advertir que se investigará si la participación de estos agentes —presuntamente vinculados a la Administración de Control de Drogas (DEA)— implicó alguna violación a la legislación nacional.

Los hechos ocurrieron tras un operativo enfocado en el combate a actividades ilícitas, en el que participaron autoridades locales y personal extranjero. Sin embargo, al concluir la intervención, el vehículo en el que viajaban los involucrados sufrió un accidente que dejó un saldo de cuatro personas fallecidas.

El caso pone sobre la mesa una contradicción relevante: mientras el discurso oficial limita la cooperación internacional a tareas de inteligencia, en la práctica podrían estarse desarrollando acciones operativas sin control federal. Esta posible desconexión institucional no solo representa un riesgo legal, sino también político.

Hasta el momento, no se han aclarado los términos del acuerdo ni los alcances de la participación extranjera. Por ello, la investigación anunciada será clave para determinar responsabilidades y, sobre todo, para establecer si se vulneraron principios básicos de soberanía y control en materia de seguridad nacional.