Enrique Inzunza solicita licencia tras polémica por presuntos nexos criminales

El senador de Morena, Enrique Inzunza Cázarez, solicitó licencia temporal a su cargo legislativo en medio de la controversia generada por señalamientos sobre presuntos nexos con grupos del narcotráfico, situación que ha provocado tensión política tanto en el Senado como en el estado de Sinaloa.

La decisión ocurre luego de semanas de cuestionamientos derivados de versiones y reportes difundidos en Estados Unidos, donde autoridades de ese país presuntamente investigan a funcionarios y actores políticos sinaloenses por posibles vínculos con estructuras del crimen organizado.

Aunque el legislador negó las acusaciones y aseguró que no existen pruebas en su contra, finalmente optó por separarse temporalmente de sus funciones legislativas. Inzunza explicó que la decisión responde a las “embestidas mediáticas” impulsadas por la oposición contra Morena a raíz de los señalamientos provenientes de Estados Unidos.

El senador indicó que, pese a la licencia, se mantendrá atento al desarrollo de las sesiones extraordinarias programadas en el Senado para los días 28 y 29 de mayo, aunque no participará directamente en ellas.

Inzunza había rechazado previamente abandonar el cargo y calificó los señalamientos como ataques políticos y acusaciones sin sustento jurídico. Además, sostuvo que está dispuesto a colaborar con cualquier autoridad mexicana que requiera información relacionada con el caso.

Con esta decisión, Enrique Inzunza se suma a la lista de funcionarios sinaloenses que han solicitado licencia tras los señalamientos de autoridades estadounidenses por presuntos vínculos con el narcotráfico. Entre ellos destaca el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

También solicitaron separarse temporalmente de sus cargos Dámaso Castro Saavedra, quien se desempeñaba como vicefiscal de Sinaloa, y Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán.

De acuerdo con la información disponible, los cuatro funcionarios señalados ya comparecieron ante la Fiscalía General de la República como parte de las investigaciones relacionadas con el caso.

Hasta el momento, autoridades mexicanas no han informado sobre imputaciones formales contra los involucrados. Sin embargo, el caso continúa generando debate público sobre la relación entre política, seguridad y crimen organizado en México.