Asesinan a activista en Oaxaca y evidencian fallas en protección estatal

• Violencia contra defensoras sigue sin freno.

El asesinato de Nazareth Cortés Velasco, activista y presidenta del Comisariado Ejidal de San Pedro Totolápam, Oaxaca, no solo es un hecho violento más: es una muestra contundente de las fallas del Estado para proteger a quienes defienden el territorio. Aunque la Fiscalía General del Estado anunció que el caso se investigará como feminicidio, la pregunta de fondo sigue siendo la misma: ¿por qué siguen ocurriendo estos crímenes?

Nazareth fue asesinada cuando regresaba a su domicilio, durante la madrugada del jueves, tras asistir a un festival comunitario. Viajaba en una camioneta sobre la carretera federal 190, en el distrito de Tlacolula, acompañada de su hija de 24 años, cuando ambas fueron atacadas por sujetos armados.

El nivel de violencia no deja lugar a dudas sobre la intención: el vehículo presentaba al menos 12 impactos de bala, mientras que en la escena se localizaron 29 casquillos percutidos y un cartucho útil. Nazareth murió en el lugar; su hija sobrevivió con heridas. No fue un ataque improvisado, sino una agresión directa y contundente.

A pesar de este contexto, la respuesta institucional vuelve a limitarse a protocolos posteriores al crimen. Investigar como feminicidio es correcto, pero insuficiente si no se integran líneas claras sobre su labor como defensora del territorio. En México, ser mujer y lideresa comunitaria implica un doble riesgo que las políticas públicas no han logrado atender de manera efectiva.

Este caso no ocurre en el vacío. Forma parte de una cadena de agresiones contra activistas que, pese a las alertas y antecedentes, continúan enfrentando amenazas sin garantías reales de protección. Los mecanismos existen en el papel, pero fallan en la práctica.

El asesinato de Nazareth Cortés no solo debe indignar, sino obligar a cuestionar la inacción. Porque mientras las autoridades reaccionan después, quienes defienden la tierra siguen expuestas antes.